La agravación del riesgo es una de las cuestiones que más sorpresas negativas suele proporcionar a los asegurados. Cuando contratamos un seguro, la compañía aseguradora acostumbra a someternos a un pequeño cuestionario. Éste tiene por finalidad valorar el riesgo. De este modo puede conocer tanto los datos objetivos referentes al riesgo como los  subjetivos. Y lo hace exclusivamente en base a nuestra declaración como tomador o asegurado. Esta obligación de facilitar la información referente al riesgo antes de la conclusión del contrato viene recogida en al artículo 10 de la L.C.S.

Sin embargo, esta obligación no se limita a las actuaciones preliminares al contrato. Y por aquí es por donde pueden venir esas sorpresas desagradables. Porque una vez suscrita la póliza, y durante la vigencia del contrato, pueden producirse circunstancias que alteren las condiciones de la naturaleza del riesgo. Se rompe entonces el equilibrio de obligaciones entre tomador o asegurado y asegurador. Y es entonces cuando existe la obligación de declarar las modificaciones del riesgo que se lleguen a producir.

La agravación del riesgo según la legislación

El artículo 11 de la L.C.S regula el caso de la agravación del riesgo:

“El tomador del seguro o el asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al asegurador, tan pronto como les sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas”

En el caso de una modificación del riesgo en la modalidad de agravación, el asegurador podrá rescindir el contrato. Deberá comunicarlo por escrito al asegurado dentro de un mes a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. Pero, de no hacerlo, las consecuencias pueden ser muy desastrosas. Por ejemplo, en el supuesto de que el tomador del seguro o el asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro. Entonces el asegurador quedaría liberado de su prestación si el tomador o el asegurado han actuado con mala fe. En caso contrario, es decir, si no ha actuado con mala fe, la prestación del asegurador se reducirá. La reducción será proporcional a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

Un fajo de dólares ilustra el artículo sobre agravación del riesgo

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